El ministro de Seguridad sostiene que Paco Gómez Nadal estaba ‘ilegal’ en Panamá desde agosto de 2010, y que él analizaba su expulsión.
REDACCIÓN DE LA PRENSA
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El Gobierno panameño ha puesto a circular una nueva versión sobre las razones que motivaron la salida “voluntaria” del país del periodista y activista de derechos humanos, el español Francisco Gómez Nadal.
El ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, aseguró que Gómez Nadal estaba ilegal en Panamá desde agosto de 2010, cuando, asegura, se le vencieron “todas las sustentaciones legales para permanecer en el país”. Agregó que entonces se “le hizo una comunicación formal, con copia al Consulado de España, en la que se establecía que se le estaban dando 30 días para regularizar su estatus migratorio”.
“Él se amparó en una visa de trabajo, fundamentada en el 10%, cuando era empleado de Corporación la Prensa. Eso se venció en el año 2007. De allí para acá, a él no lo amparaba ningún contrato de trabajo. Sin embargo, recibía renta, no pagaba impuestos ni seguro social, y ejercía como columnista, porque ni siquiera a los gremios [periodísticos] estaba acreditado”, agregó.
“Una cosa es hacer un trabajo de acuerdo con la ley, y otra es vivir en un país por encima de la ley. Este señor puede decir lo que quiera. Él, definitivamente, jamás aceptará, como tampoco lo aceptarán ciertos grupos, que estaba viviendo en Panamá ilegalmente”, recalcó.
Mulino hizo estas acotaciones al salir de una reunión protocolar con el procurador de la Nación, José Ayú Prado, y como respuesta a los señalamientos de Gómez Nadal en el sentido de que en Panamá hay una “absoluta falta de garantías para el trabajo como defensores de derechos humanos”.
Más temprano, en la emisora de radio Omega Estéreo, Mulino acusó a Gómez Nadal de tener “problemas migratorios” y de no pagar impuestos.
“Ya estaba bueno”, dijo en tono molesto, asegurando que ya se analizaba la expulsión de Gómez Nadal, antes de que este y su pareja Pilar Chato Carral fueran detenido y firmaran el documento de repatriación voluntaria, el lunes pasado. También se quejó de que el periodista escribía “insultos” contra su persona y el presidente, Ricardo Martinelli, en las páginas de Opinión de La Prensa.
La supuesta ilegalidad del estatus migratorio de Gómez Nadal no está consignada en la Resolución 5194 del 28 de febrero de 2011 del Servicio Nacional de Migración (SNM) –un ente adscrito a su despacho–, en la que se ordenó el “retorno voluntario” del periodista a España.
En esa resolución se argumentó lo mismo que originalmente dijo la Presidencia de la República el sábado pasado: que Gómez Nadal fue detenido junto con otras 15 personas, por “instigar y organizar” una protesta ciudadana contra las reformas al Código Minero.
La Presidencia primero y el SNM después alegaron que los extranjeros tienen prohibido participar en actividades políticas o protestas.
Desde Madrid, Gómez Nadal afirmó que Mulino habla sin conocer las razones de su detención. “Tratan de provocar un linchamiento público. El Gobierno se toma la justicia en sus manos y ni siquiera sabe por qué delito acusarme”, enfatizó.
“La actitud del Gobierno ante esta expulsión es simétrica con las mentiras repetidas que vertieron en julio de 2010, cuando trataron de impedirme el ingreso al país”, agregó.
Negó que el Gobierno le hiciera llegar una carta en agosto de 2010. “El último estatus migratorio en perfecto estado que me facilitó el SNM es de septiembre”, acotó.
De hecho, tiene cédula panameña E-8-97696. Todos sus trámites se concedieron mucho antes de que fuera aprobado el Decreto Ley 3 de 2008 (que reformó el SNM), por lo que este no le sería aplicable, explicó su abogada Giulia De Santis.
Versiones encontradas
No es la primera vez que el Gobierno cae en contradicciones en relación a Gómez Nadal. El 4 de julio de 2010, el periodista acudió al aeropuerto de Tocumen para abordar un vuelo a Colombia, cuando los funcionarios de la terminal le avisaron que si salía del país, no podía regresar. Se le retuvo el pasaporte y después se le avisó que el impedimento de entrada estaba relacionado con una deuda con el fisco.
Gómez Nadal probó aquella vez que, en realidad, tenía un crédito tributario por 2 mil dólares. Posteriormente presentó un hábeas data en la Corte Suprema, ante la renuencia del SNM para informarle sobre su situación. Este recurso nunca fue resuelto.
Por su parte, la directora del SNM, María Cristina González, negó ayer que Gómez Nadal fue obligado a abandonar el país contra su voluntad.
Además, González afirmó que ni el periodista ni su pareja tenían credenciales como comunicadores.
La funcionaria explicó que el artículo 84 del Decreto Ley 3 de 2008, que sirvió de fundamento para la repatriación a España, establece que a Gómez Nadal se le impide ingresar al país por dos años, y que para poder levantar esta prohibición se debe hacer una solicitud formal al SNM.
El afectado ha dicho que apelará todo el proceso en su contra y que, agotadas las instancias internas, acudirá a foros internacionales.
Robo de identidad
Ayer, la identidad de Paco Gómez fue usurpada en la red social Twitter.
En una cuenta abierta bajo su nombre y con una foto en la que se le aprecia con unas enormes orejas, gafas de sol y un collar con un dije con el símbolo del dólar, alguien escribió: “Soy comunista, ambientalista y periodista, deje a mi esposa y me fui con mi amante y qué? Todos lo hacen, voy a protestar desde el Twitter”. Adjunto aparecía una dirección –
www.fundacionmeimportauncoño.com– que no está activa.
Una década de lucha
Gómez Nadal es un activista a favor de los pueblos indígenas desde hace más de 10 años. Empezó como colaborador de la Pastoral Indígena de la Diócesis de Chocó, en Colombia, y después como miembro de Human Rights Everywhere en Panamá.
“Este compromiso humano significa ayudar a las comunidades originarias en la defensa de sus derechos territoriales, políticos y culturales. Lo que hacemos es visualizar sus problemas, proveerles herramientas tecnológicas y levantar informes de alcance internacional cuando se violan sus derechos”, explicó.
En Panamá, ha dado soporte a las comunidades emberá de la frontera con Colombia, a los nasos de Bocas del Toro, y a los ngäbe y buglé de la comarca. También levantó un informe sobre las violaciones en Changuinola.
(Con información de Rafael Luna, Juan Manuel Díaz y Mónica Palm)
Gobierno ‘penalizó’ labor informativa
La organización no gubernamental de origen francés Reporteros Sin Fronteras (RSF) consideró que la acción emprendida contra Francisco Gómez Nadal y Pilar Chato constituye una “negación de la libertad de expresión”.
Según RSF, la doble expulsión permite recordar los riesgos a que se exponen los periodistas que cubren temas medioambientales.
En tanto, el Consejo Nacional de Periodistas (CNP) rechazó los intentos de “penalizar y sancionar” la labor informativa en el país, como ocurrió con los dos comunicadores españoles.
Señaló que las acusaciones no probadas ni demostradas que recaen sobre ambos periodistas extranjeros de alta estima y respeto en el país, “se convierten en una prueba irrefutable de violación persistente y peligrosa de los derechos humanos”.
La repatriación de ambos periodistas constituye un vergonzoso precedente para la democracia, remarcó el CNP.
El Fórum de Periodistas también rechazó ayer lo que llamó una “política del gobierno dirigida a silenciar periodistas y voces que cuestionan y critican sus actuaciones, evidenciando una profunda ignorancia respecto del papel que juegan”.
Lo ocurrido con Gómez Nadal “no hace más que evidenciar una política autoritaria y la intolerancia ante las críticas”.
El Fórum invitó a los gobernantes a reconocer que el escrutinio público es un derecho del ciudadano “y que el periodismo, desde tiempos inmemoriales, es una de las vías para validar este derecho en sociedades democráticas”.
JUAN MANUEL DÍAZ C.
