Tecnologías aplicadas al periodismo

Periodistas españoles repatriados de Panamá recurrirán a la CIDH


Los periodistas Pilar Chato y Paco Gómez Nadal, repatriados el lunes a España tras haber sido acusados en Panamá de instigar protestas indígenas, dijeron hoy que fueron obligados a aceptar su "deportación voluntaria" y anunciaron que recurrirán a los tribunales internacionales.

Panamá, EFE 2 de marzo de 2011
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"Ahora empezamos la batalla para dejar todas las cosas claras, ante la Justicia de Panamá y ante las instancias internacionales, como la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), a las que podamos llegar", dijo la periodista cántabra en un mensaje enviado a Efe desde Madrid, a donde ambos llegaron hoy.
"Queremos manifestar nuestro repudio a la política arbitraria y autoritaria del Gobierno de Ricardo Martinelli, que nos ha expulsado del país sin derecho a una defensa", aseguró, asimismo, la pareja en un "mensaje al pueblo panameño" remitido tras su llegada.
Pilar Chato, redactora en excedencia del Diario Montañés, y el murciano Gómez Nadal, columnista de La Prensa de Panamá y activista de los derechos humanos, denunciaron que, tras su detención, el pasado sábado, fueron objeto durante 48 horas "de todo tipo de presiones, arbitrariedades, ilegalidades y aislamiento".
"Nunca quisimos irnos de Panamá, donde están nuestro hogar, nuestros amigos, nuestra vida profesional (...) Pero no hay condiciones para afrontar un proceso judicial justo ni transparente" en ese país, agregaron.
Al anunciar la detención de la pareja, el Gobierno aseguró el sábado que Gómez Nadal fue arrestado "en momentos en que instigaba y organizaba a un grupo de ciudadanos" para protestar contra la minería.
El Gobierno panameño señaló que la participación del periodista español estaba "plenamente documentada en vídeos de las cámaras de vigilancia", pero las imágenes divulgadas hasta ahora sólo lo muestran hablando con manifestantes.
Gómez Nadal ha indicado que se encontraba en el lugar con Pilar Chato para dar seguimiento a la protesta de la etnia Ngöbe Buglé contra la minería en su calidad de coordinador en Panamá de la organización humanitaria "Human Rights Everywhere", que presta especial atención a los derechos de los pueblos indígenas.
"Denunciamos el montaje en nuestra contra por parte del Gobierno y advertimos a las organizaciones internacionales de la precariedad en la que se encuentran los defensores de Derechos Humanos y los líderes de los movimientos indígenas, campesinos y populares", agregaron los periodistas en su mensaje, enviado por internet.
Dijeron que los mismos agentes de la policía y migración admitieron el "carácter político de la detención y la deportación".
Pese a que los periodistas aseguran que se encontraban legalmente en el país, el ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, aseguró hoy a través de un comunicado que Gómez Nadal estaba ilegal en el país y que no pagaba impuestos ni Seguro Social a pesar de que trabajaba como columnista en el diario La Prensa.
"Si cualquier contratista extranjero viene a trabajar y tiene que pagar sus impuestos por qué él no (...) Se le vencieron todas las sustentaciones legales para permanecer en el país", agregó Mulino.
Gómez Nadal es un duro crítico del gobierno del presidente Martinelli desde la columna semanal que escribe en La Prensa, que hoy se tituló "La libertad y la justicia en Panamá" y apareció sin texto, con la explicación: "Este espacio está en blanco porque su autor estuvo detenido por dos días y anoche fue deportado".
Los informadores prometieron no cejar en sus esfuerzos por revertir las medidas tomadas en su contra, que les "alejan de Panamá al menos por dos años", y por "seguir dando seguimiento como defensores de Derechos Humanos a la grave situación" del país.
"Panamá se merece un gobierno democrático, no la dictadura civil y arbitraria que lo gobierna", concluyeron.
La etnia Ngöbe Buglé llevaba varios días realizando manifestaciones en el occidente de Panamá y en esta capital para protestar contra la ley de reforma del código minero, que según ellos, atenta contra los recursos naturales de las comarcas.
El Gobierno y los indígenas llegaron el domingo a un principio de acuerdo para desbloquear las vías que los nativos mantenían cerradas y para comenzar un diálogo con la mediación de la Iglesia Católica. ACAN-EFE

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